La renuncia a la prescripción en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez del pasado 25 de agosto, no solo tiene un trasfondo jurídico complejo, sino que también tiene un gran peso político en la Colombia actual. Para comprender el alcance de esta decisión, es necesario explicar primero qué significa la prescripción en derecho penal y cómo opera en nuestro sistema jurídico.
¿Qué significa que un caso prescriba en derecho penal?
En derecho penal, la prescripción es la figura jurídica que extingue la acción penal cuando pasa un tiempo determinado sin que haya una sentencia firme.
Esto implica que el Estado pierde la facultad de investigar o sancionar el delito, aunque la persona no haya sido declarada inocente.
En otras palabras: si el proceso llega a su plazo máximo sin una condena definitiva, el caso termina y el acusado no puede ser condenado, no por mérito probatorio, sino por simple vencimiento del tiempo.
Ejemplo: si un delito prescribe en 5 años, y en ese lapso no hay una sentencia en firme, la persona no podrá ser condenada. La responsabilidad penal desaparece, no porque el acusado sea inocente, sino porque la ley protege la seguridad jurídica y evita procesos indefinidos.
En Colombia, el tiempo de prescripción depende de la gravedad del delito, y hay ciertos crímenes (como los de lesa humanidad) que no prescriben nunca.
El caso de Álvaro Uribe y la fecha límite de su prescripción
Uribe enfrenta un proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal, que ya produjo una condena en primera instancia (julio de 2025: 12 años de prisión domiciliaria). Sin embargo, el fallo fue apelado y está pendiente de decisión en segunda instancia.
La jueza de primera instancia estableció la condena, pero el Tribunal Superior de Bogotá debe resolver la apelación. Según el cronograma judicial, la acción penal prescribía el 16 de octubre de 2025. Si para esa fecha no existía un fallo en firme, el caso debía cerrarse automáticamente.
En ese contexto, Uribe tenía dos caminos:
- Dejar prescribir el proceso en octubre de 2025 y quedar libre de toda condena.
- Renunciar a la prescripción y permitir que el caso continúe hasta una sentencia definitiva.
El artículo 85 del Código Penal y la renuncia a la prescripción
El artículo 85 del Código Penal colombiano establece que un procesado puede renunciar voluntariamente a la prescripción.
Esto no significa que el caso quede abierto indefinidamente: el artículo fija un nuevo plazo máximo de dos años adicionales.
En el caso Uribe: el proceso debía prescribir en octubre de 2025; con la renuncia, el plazo se extiende hasta octubre de 2027.
Si para ese momento el Tribunal no ha dictado sentencia, ahí sí prescribirá definitivamente.
En palabras sencillas: Uribe ha autorizado que su caso siga más allá de 2025, pero con un límite fijo en 2027.
¿Por qué dejar prescribir es visto como “el camino fácil”?
Muchos juristas y analistas consideran que permitir que un caso prescriba es una forma de “salida fácil” para el acusado, porque garantiza que no habrá condena sin necesidad de demostrar la inocencia.
- El acusado no es declarado culpable, pero tampoco se absuelve en el fondo.
- El proceso termina por un tecnicismo de tiempo, no por una valoración probatoria.
- Es comparable a ganar un partido por W, sin disputar el último tramo del juego.
En el caso Uribe, la prescripción inminente le ofrecía esa salida expedita. Él mismo reconoció que era un “camino corto y sencillo” que la ley le daba. Pero decidió no tomarlo.
¿Por qué Uribe renunció a la prescripción?
Existen dos lecturas principales:
- Lectura jurídica y personal:
Uribe manifestó que no aceptaría una salida procesal por tecnicismo y que prefiere que haya una decisión de fondo. Con esto busca legitimar su narrativa de inocencia, mostrando que no teme a un fallo judicial. - Lectura política y estratégica:
Dejar que el caso prescribiera habría alimentado el discurso de sus opositores, quienes podrían acusarlo de “escapar” de la justicia. En cambio, al renunciar, Uribe proyecta una imagen de valentía y confianza en su inocencia. Además, se libera de la presión de la fecha límite de octubre de 2025, dándole margen para encarar el proceso sin que este lo margine políticamente en plena campaña electoral de 2026.
Consecuencias legales de la renuncia
- Escenario 1: Uribe es absuelto en segunda instancia.
Su decisión quedaría como un acto de transparencia: enfrentó el proceso y salió limpio. - Escenario 2: Uribe es condenado en segunda instancia.
Habrá un fallo firme en su contra, que marcaría un hito en la justicia colombiana. Aun así, podrá intentar recursos extraordinarios (como la casación).
Impacto político de cara a 2026
La renuncia no es solo un gesto jurídico; también reconfigura el tablero electoral:
- En la derecha (uribismo):
Presentan la decisión como un acto de honor. Líderes como María Fernanda Cabal resaltan que “renunció al camino fácil” para enfrentar la verdad. Esto fortalece la narrativa de persecución política y cohesiona a las bases del Centro Democrático en torno a su líder. - En la izquierda (petrismo y oposición):
Aunque Iván Cepeda y otros reconocen que es positivo que el proceso continúe, sostienen que la movida tiene un cálculo político detrás. Para ellos, Uribe simplemente evitó que la prescripción se convirtiera en tema de campaña. - Polarización asegurada:
El caso Uribe seguirá siendo un tema central en la campaña presidencial de 2026. La derecha lo usará como ejemplo de integridad y persecución política; la izquierda como símbolo de que “nadie está por encima de la justicia”.
Finalmente
La renuncia de Álvaro Uribe a la prescripción de su caso significa que eligió enfrentar un fallo de fondo en lugar de acogerse a una salida procesal por tiempo. Jurídicamente, extiende el plazo hasta 2027 y políticamente lo reposiciona en el centro del debate nacional.
Más allá de su desenlace, este episodio muestra cómo el derecho penal y la política en Colombia están profundamente entrelazados: las decisiones judiciales no solo impactan a los acusados, sino también el rumbo electoral de todo un país.