Con los recientes cambios y conflictos presentados ante la aprobación de la nueva reforma laboral en Colombia y la reforma de pensión que se encuentra en pausa, se han vuelto a abrir heridas del pasado en algunos colombianos; estas heridas tienen nombre: Ley 100 de 1993.
En Colombia, pocas normas han generado tanto debate como la Ley 100 de 1993, aquella que transformó el sistema de pensiones, salud y riesgos laborales. Para algunos fue una reforma necesaria que modernizó el Estado; para otros, un modelo que precarizó derechos y abrió la puerta a los grandes negocios financieros.
La pregunta que muchos se hacen hoy es: ¿por qué la gente aborrece la Ley 100?
Principales cambios que trajo la Ley 100
Antes de 1993, el sistema pensional estaba concentrado en el Instituto de Seguros Sociales (ISS). La Ley 100 cambió las reglas del juego con dos grandes transformaciones:
- Nacimiento de las AFP (fondos privados de pensiones): se abrió la competencia entre régimen público y privado.
- Sistema de salud con EPS: se creó la figura de las Entidades Promotoras de Salud, trasladando la administración del sistema a aseguradoras privadas bajo la supervisión del Estado.
- Riesgos laborales: surgieron las ARL como administradoras del sistema de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Fue, en pocas palabras, la “revolución” que transformó el modelo solidario en uno mixto entre Estado y mercado emergente.
Si bien es cierto, que para unos la Ley 100 trajo consigo oportunidades de negocio de grandes movimientos de capital a costillas del pueblo colombiano, sin embargo, como las reglas de la economía moderna lo afirma: en algún momento iba a pasar.
Beneficios que trajo la Ley 100
No todo es negativo, y sería injusto no reconocer algunos logros de esta ley:
- Cobertura más amplia: millones de colombianos accedieron a salud y pensiones, especialmente en zonas rurales.
- Afiliación obligatoria: el trabajador formal debe estar afiliado, lo que dio seguridad mínima frente a enfermedad o vejez.
- Competencia entre regímenes: en teoría, permite a las personas elegir dónde cotizar.
Desventajas que generó la Ley 100 al trabajado
Aquí está el meollo del asunto y la razón del descontento:
- Pensión casi imposible: en los fondos privados es muy difícil alcanzar la pensión; la mayoría termina con una devolución de saldos, que es apenas un ahorro de toda la vida.
- Salud con barreras: las EPS se volvieron sinónimo de trámites interminables, demoras en citas y negativas en medicamentos.
- Traslado engañoso de régimen: miles de trabajadores fueron trasladados sin información clara de Colpensiones a fondos privados, lo que hoy genera demandas y tutelas.
- Precarización laboral: se fomentó la tercerización y la inestabilidad, porque el sistema se pensó más en clave de mercado que de derechos.
Ventajas para el empleador
El sistema también tuvo un “lado amable” para las empresas:
- Más alternativas de afiliación: facilidad para escoger entre entidades y optimizar costos.
- Administración privada de riesgos laborales: la creación de ARL trasladó la gestión de riesgos del Estado a aseguradoras especializadas.
- Flexibilidad en aportes: aunque las obligaciones siguieron, el diseño permitió mayor manejo financiero en aportes y beneficios.
Brechas que intentó solucionar la Ley 100
La Ley 100 buscó resolver problemas que venían de décadas anteriores:
- Baja cobertura: antes, solo un porcentaje mínimo tenía acceso a pensión y salud.
- Sistema colapsado: el ISS no lograba responder con eficacia.
- Necesidad de sostenibilidad: se buscaba un modelo que no reventara las finanzas públicas a largo plazo.
Opinión final
La Ley 100 nació como una promesa de modernización y ampliación de derechos. Sin embargo, tres décadas después, lo que vemos es una gran desconfianza social: un sistema de salud cuestionado, un modelo pensional que deja a miles sin pensión, y un ambiente en donde los derechos laborales parecen estar subordinados a la lógica del mercado.
Por eso muchos colombianos sienten que esta ley, más que un alivio, terminó siendo una carga. La verdadera discusión que debemos dar no es solo si hay que tumbar la Ley 100, sino cómo construir un sistema justo, sostenible y humano, que garantice seguridad social sin convertirla en un negocio.