Luis Fernando Velasco Chaves es un político colombiano que se destacó por ocupar el cargo de ministro del Interior durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre 2023 y 2024. Su carrera pública ha estado marcada por responsabilidades clave en la administración del Estado, gestión política y diseño de estrategias para promover las reformas del gobierno en el Congreso.
A finales de 2025, Velasco se convirtió en uno de los protagonistas de uno de los casos de corrupción política más resonantes de los últimos años en Colombia. Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones relacionadas con la presunta desviación de recursos públicos y un entramado de corrupción que afectó a importantes entidades del Estado, especialmente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Los cargos que enfrenta: ¿de qué se le acusa?
La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó a Luis Fernando Velasco varios delitos que, de ser probados, podrían acarrear penas severas. Entre los cargos que se le atribuyen están:
- Concierto para delinquir agravado, es decir, supuesta organización con otros funcionarios y terceros para cometer delitos coordinados.
- Interés indebido en la celebración de contratos, que implica beneficiar a ciertos contratistas o grupos de interés en detrimento del patrimonio público.
- Cohecho por dar u ofrecer, es decir, dar o prometer beneficios indebidos a terceros, incluidos congresistas, a cambio de favores políticos o votos de apoyo.
La Fiscalía sostiene que estos hechos ocurrieron a través de un esquema para direccionar contratos y recursos públicos por más de 600.000 millones de pesos de la UNGRD y el INVÍAS hacia empresas vinculadas con congresistas, con el objetivo de asegurar respaldo legislativo a proyectos de ley del gobierno.
Detención y medida de aseguramiento
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Velasco, así como contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien está vinculado al mismo proceso penal. La decisión judicial respondió a la solicitud de la Fiscalía, que consideró que la medida era idónea, necesaria y proporcional dada la gravedad de los hechos y el riesgo que representaría mantenerlos en libertad mientras avanza la investigación.
La medida de aseguramiento se dictó incluso ante la solicitud de la Fiscalía de imponer detención domiciliaria, demostrando que el tribunal consideró que la permanencia en un establecimiento carcelario era más adecuada para garantizar el desarrollo del proceso.
El dinero y los contratos desviados: cómo se habría usado la plata
Según la Fiscalía, los recursos que estarían en el corazón del entramado de corrupción no eran montos pequeños ni secundarios: superan los 600.000 millones de pesos.
Estos recursos, que originalmente estaban destinados a programas y contratos de la UNGRD e Invías —entidades encargadas de la gestión del riesgo, infraestructura y atención de emergencias— habrían sido utilizados como moneda de cambio política para ganar apoyos en el Congreso para reformas del Ejecutivo, entre ellas la reforma pensional.
Testimonios de exfuncionarios implicados, como el exdirector de la UNGRD, han detallado ante autoridades judiciales cómo se habrían negociado estos contratos con legisladores a cambio de respaldo político.
La defensa de Velasco: mantiene su inocencia
Ante las acusaciones, Luis Fernando Velasco ha rechazado todas las imputaciones en su contra y se ha declarado inocente. En audiencias judiciales ha manifestado que no aceptará cargos, señalando que la investigación no describe hechos concretos ni específicos que lo vinculen directamente con las decisiones atribuidas por la Fiscalía.
Velasco ha cuestionado la solidez de las pruebas y ha señalado que algunas declaraciones de testigos han sido incentivadas por beneficios judiciales. Asimismo, ha asegurado que no tiene nada que negociar con la Fiscalía, insistiendo en que la evidencia en su contra no es suficiente para demostrar su culpabilidad.
Por qué se judicializa este caso y su impacto
Este caso se judicializa porque, desde el punto de vista de la Fiscalía, los hechos atribuidos a Velasco y otros implicados representan una violación grave de la confianza pública. Desviar o direccionar recursos estatales para uso político compromete la transparencia del Estado, la igualdad en la contratación pública y la credibilidad en las instituciones democráticas.
Además, la investigación ha movilizado a altos niveles de la justicia colombiana porque incluye la participación de múltiples congresistas y exfuncionarios, lo que podría revelar una red más amplia de influencia indebida entre el Ejecutivo, agencias estatales y el Legislativo.
En síntesis, el caso de Luis Fernando Velasco —aunque en curso y sujeto al debido proceso— marca un hito en la lucha contra la corrupción en Colombia, ya que involucra a altos funcionarios del pasado gobierno y pone en el centro del debate temas sensibles como el manejo de recursos públicos y la relación entre poder político y administración estatal.